El Presidente de la Cámara Penal Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. José Luis Flores, participó a comienzos del mes de octubre del seminario “La Participación Ciudadana en la Administración de la Justicia Penal: El Jurado”, en la Ciudad Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
En una entrevista concedida al Centro de Información Judicial (CIJ), Flores explicó en qué consistió la capacitación y realizó una evaluación de lo acontecido en las jornadas del encuentro.
- CIJ: En términos generales, ¿cuál fue la finalidad del seminario?
- Flores: El objetivo principal del evento fue el intercambio de experiencia respecto a la participación ciudadana en la justicia penal, es decir, el funcionamiento de los denominados “Jurados Populares”, por parte de los países Latinoamericanos que cuentan con este sistema. Para esto se hicieron presentes representantes de la Magistratura y el Ministerio Público de Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Honduras y México. Mi participación se efectuó luego de haberme postulado a una beca, -a la que accedí con la colaboración indispensable del Superior Tribunal de Justicia- puesto que los convocados al encuentro conformaban un grupo muy reducido.
- CIJ: ¿Cuáles fueron los puntos más relevantes que arrojaron las jornadas formativas?
- Flores: se estudiaron los distintos ordenamientos jurídicos que contemplan a los jurados vigentes en el mundo: como el Sistema Continental Europeo, el Anglosajón y el Norteamericano. Finalmente nos avocamos a ver cómo se había implementado esa institución en América latina: puntualmente en Venezuela, Bolivia y, en nuestro país, en la provincia de Córdoba.
Además, se desarrollaron temas tales como qué relación existe entre la implementación de los jurados y el sistema democrático. Allí la discusión pasó por sí la verdadera democracia estaba asociada a la existencia de los jurados. En lo personal creo que no es así, pero sí podemos decir que en un sistema democrático es posible y muy bueno tener esta alternativa de juzgamiento que involucra al ciudadano, y que le permite participar en una organización que lo contempla, sujeto a las particularidades de cada sociedad.
Vi con mucha satisfacción el hecho de constatar que donde estaba implementado este sistema cada uno le había dado una fórmula que se adecuaba a su medio. Se pudo evaluar también que el juzgamiento por jurado no supone un mecanismo para agilizar el desarrollo de las causas, sino concretamente que representa un ámbito de participación, y que no es, como generalmente se cree, un recurso ampliamente utilizado, sino un medio “alternativo” al juzgamiento tradicional, pues los números arrojados en el evento muestran un número bajo de causas que se han tratado por estos jurados. En otras palabras, sigue siendo excepcional la utilización de este sistema. Sin embargo, es muy importante señalar que, de acuerdo a lo que pude observar, el jurado popular provoca un impacto de mejoramiento en los niveles de confianza, de imagen, de posicionamiento del ejercicio de la magistratura y del Poder Judicial, lo que justificaría claramente su implementación al menos como una alternativa de participación social.
La experiencia arrojada por estos jurados populares en Latinoamérica, muestran que cuando el ciudadano participa en el juzgamiento, su visión sobre la justicia cambia de manera radical, pues comienza a tener conciencia real de la dimensión del acto de juzgar. Es decir, ya no se ve como una mera labor burocrática, sino que el ciudadano se compenetra de la responsabilidad que representa disponer de algo tan importante como la libertad de otro. Esto genera una mejoría en la imagen de lo que es la justicia. Por supuesto que esto tiene un efecto multiplicador inmediato en la sociedad, en esto es lo que gana el Poder Judicial con la implementación de esta vía participativa, lógicamente al margen, de la verdadera ganancia democrática, como es la “participación ciudadana”.
Otra cosa importante para destacar respecto a los Jurados Populares es que la cantidad de absoluciones a través de los mismos es más alta que las efectuadas en causas similares por los magistrados. Es decir, los Jurados son más proclives a las absoluciones, lo que demuestra la altura de civismo de las personas que los integran y el respeto por la libertad del otro.
De esta forma, es necesario recategorizar al ciudadano en relación a la participación responsable en la vida institucional: ciudadano no es solamente aquel sujeto que tiene derecho a sufragar, sino aquel que se interesa por la cosa pública y que participa de manera activa en la vida republicana.
- CIJ: ¿Qué evaluación puede hacer del seminario?
- Flores: en lo particular, luego de haberme preparado para asistir al curso, y de haber compartido con los colegas intensamente, traigo el convencimiento de que la implementación de este sistema de juzgamiento en nuestro medio representaría un paso interesante para la provincia. Supondría también un avance importante y decisivo para el establecimiento de un sistema acusatorio más eficiente.
Para esta implementación se debería contemplar dos cláusulas fundamentales: por un lado, de voluntad y aceptación: la integración del ciudadano debe ser a través de su voluntad expresa de participar y no impuesto como un derecho-deber cívico, como se lo formula en algunos ordenamientos porque si nosotros estamos hablando de conceder el “derecho de participar” en el acto de justicia, no podemos imponerlo como un deber. Por supuesto que una vez expresada esa voluntad se debe cumplir. Al respecto, no compartí, en el seminario de Santa Cruz de la Sierra, la posición más extendida que es pensar a la participación como un “derecho-deber”, asociado al derecho-deber de votar. Esta equiparación es errónea toda vez que votar es esencial para la existencia de un estado democrático (aún así, esto también es parcialmente verdadero pues en algunos ordenamientos el voto es voluntario). En cambio participar en la justicia, sin duda exige que el ciudadano necesite, desee actuar en el proceso, manifestando una voluntad expresa. Y por el otro lado, luego de confeccionar un catálogo en donde se especifiquen cuáles son los delitos que pueden ser juzgados a través de esta alternativa, dar la oportunidad a la persona que va a ser juzgada de poder optar por este sistema, y tener la posibilidad de ser juzgado por sus pares ciudadanos. Con estas particularidades creo que se adecuaría, en un principio, la participación ciudadana al ordenamiento jurídico local.
Además la incorporación de esta alternativa de juzgamiento con participación cívica exigiría dos cosas sobre las cuales estamos trabajando en la Cámara Penal que son: a) la modificación de la constitución local, que sujeta la implementación de los jurados de la provincia a la implementación en el ámbito nacional, o sea cuando se establezca este sistema en la Nación se establecería en San Luis y; b) una necesaria reforma legislativa que contemple la implementación de los jurados. Esto sin duda constituiría un paso importante para fortalecer los espacios democráticos en los que puede participarse. El ciudadano de esta manera, puede conocer de forma más clara la labor que cumple uno de los tres poderes del Estado, pilar de la Paz Social, como es el Poder Judicial. En este caso creo que sería una ganancia absoluta para nuestra sociedad tener esa alternativa, que no implica pensar que el sistema de juzgamiento se va a cambiar en su totalidad y que se va a prescindir de las vías clásicas o convencionales. Los jurados populares no vienen a reemplazar al sistema tradicional de juzgamiento sino a complementarlo, a brindar otra alternativa.
- CIJ: Al margen de las modificaciones normativas necesarias para la implementación de los Jurados Populares en nuestras jurisdicciones, ¿considera que están dadas las condiciones culturales y sociales para la incorporación de los mismos?
- Flores: Creo que en San Luis se puede incorporar perfectamente esta alternativa: tenemos buenos niveles de acceso a la educación y a la información, por lo que está más extendida la capacidad de participar de estos actos. En torno a esto quiero comentar y ponerlo a consideración por primera vez, de que estamos trabajando con los colegas de la Cámara, los Dres. Domingo Flores y Silvia Aizpeolea un proyecto que consiste en una experiencia piloto (sin afectar, por supuesto, el orden legal), que consiste en implementar la convocatoria de un jurado experimental que participe durante el debate, con las limitaciones que en nuestro ordenamiento vigente imponga. Se va a convocar a quienes estén interesados en participar, se seleccionarán ciertas causas con prescindencia de trato entre el tribunal y el jurado, dejándole a ellos la pregunta de culpabilidad, (culpable o inocente) como es en el caso de los jurados puros. En este caso llegaríamos nosotros en el mismo momento del veredicto sin intromisión alguna. Oiríamos la conclusión a la que haya llegado el jurado popular para hacer comparaciones, y a partir de esa experiencia poder hacer un estudio de factibilidad en cuanto al interés de la participación ciudadana, al modo de funcionamiento y selección, y por otro lado, ver el grado de coincidencia entre la expresión jurídico-científica y la expresión del sentido común más simple.
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