Recomiendo al lector leer la crónica detallada que adjunto “El veto kischnerista bis”, relacionada a esta “estafa procesal”, donde explica como este Juez Federal Galvez, con una velocidad increíble con estas medidas “hasta suspende la realización en San Juan del inventario de los glaciares que según la ley, debe realizar el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), para que nadie independiente vea lo que realmente está haciendo la Barrick con ellos. Se trata de algo así como prohibir la realización del censo del INDEC en San Juan

En tiempos de cambio climático donde cada día nos sorprende con las variaciones abruptas en la temperatura, (el domingo pasado en algunos sitios de Mendoza la temperatura descendió en pocas horas hasta 20º), mostrándonos cuán dependientes y vulnerables somos ante las fuerzas de la naturaleza, a pesar de las advertencias y evidencias, hay quienes siguen aferrados a la obsesión de la ganancia económica sustentada en la destrucción de los recursos estratégicos de vida de toda una nación. Sin escrúpulos, para sostener estos negocios despliegan toda clase de artimañas y manipulaciones deshonrosas que incluyen negar lo que la voluntad de la ciudadanía pide y manifiesta como prioritario, como la voluntad de que en Argentina se protejan los Glaciares, recurso estratégico de cara a un mundo transitando las consecuencias del calentamiento global.




La ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, implicó muchos años de trabajo y presión de numerosos sectores de la sociedad que no transigieron en la exigencia y petición constante, para que fuera finalmente sancionada en septiembre pasado por el Congreso y entrara en vigencia el 28 de octubre tras la promulgación del Gobierno. “ Un triunfo popular en la defensa de las fuentes de agua” tituló Marta Maffei, (diputada de mandato cumplido, autora de la ley de glaciares que vetó la presidenta y que luego, modificada, fue aprobada por las dos cámaras), la nota donde explica que “la ley se había votado por unanimidad en ambas Cámaras precisamente por la importancia vital de los glaciares: por la impecable calidad de sus aguas, por su funcionamiento versátil en relación a las demandas de recarga de las cuencas hídricas que nacen en la Cordillera, por su eficaz aporte contra el calentamiento global, por su belleza y su impacto turístico, por la subsistencia de la agricultura y la vida en los valles regados por deshielos encausados en acequias y canales, absolutamente dependientes de esas cuencas andinas, en fin, por la justicia y claridad del planteo contenido en la ley”.



Sin embargo, el gobernador de San Juan José Luis Gioja - principal representante y defensor de los intereses de las corporaciones mineras en Argentina- tal como impulsivamente declaró en el senado en el momento en que fue aprobada dicha Ley cuando aseguró que la desconocería en su provincia, el 2 de noviembre, realizó la primer estrategia-engaño para anular la aplicación de ésta en los reinados cordilleranos de las transnacionales. Luego de hacer lastimosos llamados a los sanjuaninos “para que no lo dejen sólo” pidiéndoles que defiendan el modelo minero, utilizó sagazmente los gremios de los obreros de la minería AOMA, la CGT en su conjunto, la Cámara de Empresarios Mineros, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Servicios Mineros y otras instituciones que presentaron una medida declarativa de inconstitucionalidad, ante un Juez Federal de San Juan. En una segunda movida, el 9 de noviembre realizaron similares presentaciones las empresas Barrick Gold y Minera Argentina Gold.



El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) Enrique Matías Viale, explica claramente la maniobra propia de Maquiavelo pergeñada en San Juan: “ La estrategia del lobby minero y sus gobernadores acólitos contra la Ley de Protección de Glaciares está clara y fue consensuada entre el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y la empresa Barrick Gold. Así dispusieron que, primariamente, ataquen judicialmente la ley nacional los gremios, las empresas mineras y las cámaras empresariales acudiendo a Juzgados Federales peticionando “urgentes” medidas cautelares dentro de acciones declarativas de inconstitucionalidad. Arteramente decidieron que la acción no la realice directamente la provincia de San Juan, porque al demandar una provincia a la Nación debe hacerlo directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (competencia originaria). En este supuesto, la Corte podría tener meses -y hasta años- la causa en estudio, sin resolver la petición de la medida cautelar. Como vemos, en un Juzgado Federal de San Juan la consiguieron en apenas 20 horas. Es más fácil tener un Juez Federal amigo que a toda la Corte nacional, sobretodo en un territorio feudal como es la provincia de San Juan. Reeditando “Patas para arriba” de Galeano, el Juez Federal Miguel Ángel Gálvez, que dictó la medida cautelar que suspende la Ley de Glaciares en territorio sanjuanino, aplicó el Principio Precautorio al revés: ante la duda, primero los negocios. Así el fallo subvierte arbitrariamente el ordenamiento jurídico y desconoce los más elementales principios del Derecho Ambiental. De esta manera se desprotege abierta y manifiestamente a los glaciares hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, desenmascarando lo que siempre sabíamos: quieren intervenir los glaciares, los cuales, ahora en San Juan, quedaron a merced de las transnacionales mineras.”



De esta manera, las medidas cautelares dictadas dejan sin efecto los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la ley de glaciares, que son los que disponen las auditorías y prohibiciones a la actividad minera sobre la zona glaciar y periglacial, suspendiendo la aplicación de la ley de protección de los glaciares en los emprendimientos mineros Veladero y Pascua Lama. Ante estas medidas, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes una de las principales impulsoras de la norma, requerirá al Consejo de la Magistratura que evalúe la labor del magistrado y presentará un pedido de informes al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que explique de qué forma procederá el Estado Nacional frente a las causas iniciadas por la Barrick Gold y las asociaciones sindicales y empresariales mineras para frenar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el ambiente periglacial. “Con las medidas cautelares, el juez Gálvez creó una zona liberada en San Juan a la medida de la Barrick Gold, para que pueda continuar con su actividad minera sobre los glaciares. Si la ley no se aplica, estamos ante la inminencia de daños irreparables sobre las fábricas de agua de los argentinos. El Estado Nacional, que es el demandado en la causa, debe apelar en forma urgente las resoluciones de Gálvez, que otorga arbitrariamente estas medidas cautelares a favor de las mineras. Por eso, queremos saber cuál va a ser el accionar de la Procuración General de la Nación, que debe defender la ley nacional, hecha para proteger el agua de todos los argentinos”, expresó Reyes.



Recomiendo al lector leer la crónica detallada que adjunto “El veto kischnerista bis”, relacionada a esta “estafa procesal”, donde explica como este Juez Federal Galvez, con una velocidad increíble con estas medidas “hasta suspende la realización en San Juan del inventario de los glaciares que según la ley, debe realizar el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), para que nadie independiente vea lo que realmente está haciendo la Barrick con ellos. Se trata de algo así como prohibir la realización del censo del INDEC en San Juan. Y nada menos que por parte de un juez federal, quien supuestamente debe defender esa jurisdicción conforme la ley”. Para dar lugar a los pedidos de inconstitucionalidad, el juez utiliza textuales y extensos párrafos de los fundamentos del decreto 1837/08, con el cual la Presidenta Fernández de Kirchner, vetó la primera ley de protección de glaciares sancionada en el 2008. La defensa de las transnacionales mineras argumenta que cada provincia tiene la potestad constitucional de manejar sus recursos naturales. No puedo dejar de citar a Marta Maffei nuevamente cuando manifiesta frente a esta realidad “Su concepto de democracia es bien limitado. Sirve para exigirle a los gobiernos que respeten “sus derechos adquiridos” no para aceptar que los pueblos ejerzan sus propios derechos y mucho menos cuando puedan limitar el horizonte del mercado. Una democracia a la medida de los gerentes, soldados de obscuros monopolios que día a día destrozan, avanzando sobre nuestros bienes, territorios y recursos, la propia democracia que pregonan”.



Así transcurre esta realidad en la Argentina. Mientras en Costa Rica se aprobó una Ley que Prohíbe la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto, en Chile empieza a salir a la luz información que el gobierno a sabiendas oculta a la población, respecto a una gran cantidad de residuos mineros tóxicos expandidos por todo el territorio de ese país. Son cada vez más las comunidades que alzan su voz para expresar su rechazo a este tipo de minería hidro-química. Porque de acuerdo a todos los pronósticos, que predicen certeramente que el agua potable será el recurso más caro y escaso, son muchos los que entendieron la consigna que gritan y escriben: “el agua vale más que el oro”. Basta imaginarnos en una de las situaciones potenciales, para que reflexionemos si nos importaría algo el LCD ultimo modelo o el mercedes en la puerta… si no tuviéramos agua para beber. Pero convivimos también con otros muchos seres humanos que no logran concientizar la conexión directa que existe en nuestra forma de vivir como especie en este planeta, y lo que le está sucediendo a nivel climático y los futuros potenciales que generamos con nuestro “crecimiento” sin límites y nuestra extracción sin límites. “Nuestros países tienen un ADN extractivista; se han acostumbrado a vivir de la renta de la naturaleza, a exportar materias primas y a perder en el comercio internacional”, manifestó días atrás el ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador Alberto Acosta. Ojalé no sea demasiado tarde cuando se transforme esta realidad.



Cecilia Sustersic

Lic. En Comunicación Social

Docente en el nivel medio de Cultura y Comunicación

Integrante de A.P.A.T.A SAN LUIS

(Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas)

Miembro de Fundación Yanantin www.yanantin.org.ar

cecisustersic@gmail.com